Hace escasos días, el ministro de consumo anunciaba en Barcelona que en 2022 se limitaría de forma amplia la publicidad de alimentos destinados mayoritariamente al público infantil.
Este anuncio se fundamentaba en la aplicación de los perfiles nutricionales desarrollados por la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo, según las declaraciones del ministro, es parar la epidemia de obesidad infantil en España. Cifras de exceso de peso que, todo hay que decirlo, son muy preocupantes y llevan décadas en niveles inadmisibles.
La primera sensación que ese anuncio le produce a cualquiera, salvo que sea fabricante o vendedor de los alimentos encausados, es de alegría. ¡Por fin vamos a hacer algo efectivo para reducir la obesidad entre los niños! Pero enseguida, si se reflexiona, surgen diferentes facetas, o aristas, que un planteamiento exigente y simplemente técnico, debería encarar.
En primer lugar, ¿será mínimamente eficaz esta medida? Lógicamente, como nunca antes la hemos aplicado en España, es difícil afirmar que si o su contrario. Si repasamos las experiencias similares que se han desarrollado anteriormente en otros países, parece que han ofrecido resultados positivos… pero de modesto alcance. Así, la corriente prohibicionista que se ha implantado en el Reino Unido parece haber afectado poco al número final de anuncios de este tipo de alimentos que reciben, por vías más ‘imaginativas’ y diferentes que antes de las limitaciones, la población infantil. Ciertamente, tendrá que transcurrir tiempo para valorar su efecto y, sobre todo, no olvidarnos de que hay otras muchas circunstancias alrededor de la ingesta de productos ricos en grasa, sal o azúcar que la publicidad que le llega al consumidor. La más importante, la responsabilidad de los progenitores en lo que adquieren y consumen sus hijos.
En segundo lugar, hay que señalar que el anuncio del ministro rompe una regla no escrita que siempre se había dado en España: las restricciones o modificaciones en las disposiciones sobre fabricación, publicidad o venta de alimentos habían sido más o menos consensuadas con la industria. Eso parece también positivo… a primera vista. Con el segundo vistazo, la cosa también podía cambiar, ya que los diferentes gobiernos -de todos los signos- siempre han preferido (mejor que prohibir, consensuar y limitar) el autocontrol por parte de la industria. Problema evidente: ese autocontrol era voluntario y no todas lo seguían. La administración se quitaba un ‘muerto’ de encima aconsejando a los fabricantes, pero sin sancionar, invertir ni dedicarle demasiados recursos al problema. Así, un posible problema de salud pública quedaba en manos de particulares.
A veces el sistema funcionó, como en el caso de Autocontrol de la publicidad o en la reducción de sal en los productos de panadería, y a veces fue un fiasco como en el caso del código PAOs o en los programas de reducción de la sal añadida en los productos cárnicos. Pero, en cualquier caso, había algo de dialogo entre las empresas, los sectores y la administración, aunque fuera un poco entre sordos. En esta ocasión, el ministerio estaba de conversación con el sector para llegar a acuerdos, como siempre, pero unilateralmente ha dejado plantados a los fabricantes y ha pasado a anunciar por sorpresa la imposición directa de su norma.
‘En todos los casos y épocas, no hay ni que decirlo, la opinión de los profesionales y expertos en nutrición ha tenido entre poca y ninguna consideración’
También llaman la atención algunos puntos del anuncio ministerial: los refrescos o aparecen poco o están difuminados. Cuando todos sabemos que es una de las principales fuentes de azúcar en edades infantiles. O el peso que se adjudica a los zumos de frutas, que en efecto contienen azucares, pero sin citar a los néctares que son a menudo un ejemplo de publicidad ‘semiengañosa’ y, desde luego, una fuente importante de azúcar adicionada.
No iban a concluir con este anuncio del ministro las discusiones… en efecto, rápidamente se dio paso a la charla en formato ‘patio de colegio’ entre diferentes políticos, saliendo a relucir y a mezclarse las drogas con los dulces y las pizzas. Extraño menú, desde luego, que poco o nada arregla.
Y hablando de política, no deja de extrañar que una medida, que se quiere sanitaria, la vaya a implantar un ministerio de consumo en vez del de sanidad. Claro, que para eso la Agencia encargada de la nutrición y la salud alimentaria en España fue cedida (sin que se hayan escuchado protestas) a un ministerio sin apenas competencias como era el recientemente creado de consumo.
En fin, habiendo asistido largo tiempo a épocas donde las prohibiciones y las restricciones de alimentos teóricamente perjudiciales mandaron (recuerden: el pan y las legumbres que engordaban o el extraño caso de los huevos o las sardinas y el colesterol…), una opinión sensata debería incidir en que la prohibición puede funcionar en un cierto porcentaje, pero que lo más eficaz no es prohibir sino promover, favorecer y difundir la fabricación, comercialización y el consumo de productos claramente beneficiosos así como de estilos de vida saludables.
‘¿No sería mucho más eficaz promover los alimentos de la dieta mediterránea y la actividad física en todas las edades que las meras prohibiciones?’
Es decir: si la política del ministerio fuera realmente ambiciosa y buscara ayudar a resolver a medio plazo el problema de la obesidad, haría hincapié en la dieta mediterránea, en la educación alimentaria en los colegios, en la inclusión sí o sí de frutas y verduras cotidianamente en los menús de colectividades (colegios, residencias de mayores, hospitales), en la esperada y apenas ocurrida inclusión de nutricionistas en los sistemas públicos de salud, etc. Por no hablar de promover la actividad física en todas las edades en ciudades y espacios más amigables y saludables. En ese caso, y por el mismo precio, reduciríamos la obesidad infantil, claro, y también la de los adultos además de las patologías cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y otras muchas.
Pero, claro, es más barato, simple y publicitario… prohibir la publicidad.
prof. Dr. Jesús Román
presidente de la Fundación Alimentación Saludable
